lunes, 7 de abril de 2014

La política y el abuso de funciones


Prestar una casa municipal para que se realice una fiestita con adolescentes y droga, hacer una llamada o recibirla para dar un aval millonario a una empresa fantasma que no cumple con los requisitos, pagar operaciones quirúrgicas en el exterior de directores de un banco del Estado con el dinero del banco, modificar datos y documentos para empadronar más autos en un departamento y así hacer más plata a costillas de otros departamentos, arreglar las cuentas del Ministerio de Turismo para encubrir gastos ilegales.
Estas son solo algunas de las variadas razones por las que más de 100 políticos al frente de cargos de la administración pública fueron procesados en lo que va del siglo por un mismo delito: abuso de funciones.
Hemos escuchado a varios políticos indignados hablar de este delito en los últimos días. Por raro que parezca, en medio de un año de carnicería electoral, todos los políticos, de todos los colores, parecen estar de acuerdo en una cosa: este delito es injusto y, sobre todo, inconstitucional.
La Suprema Corte de Justicia (máximo órgano del Poder Judicial) ya les dijo, una y otra vez, que es constitucional. Ahora, el sistema político, por medio de una necesaria reforma del Código Penal, apunta a hacer desaparecer el delito de la esfera jurídica. En esto, y vuelvo a insistir, en medio de un año electoral, al menos las dos fuerzas políticas con mayor peso en el país (blancos y frenteamplistas) parecen estar de acuerdo: el abuso de funciones tiene que, simplemente, dejar de existir.
Ya que estamos hablando y opinando sobre la Justicia, y también sobre el Poder Judicial, veamos por qué esto puede ser justo e injusto al mismo tiempo.
¿Por qué es justo que el delito de abuso de funciones desaparezca?
Han dicho de él que es un delito embudo, extremadamente difuso, que hace imposible saber por parte del político con cargo en la administración pública si lo está o no cometiendo.
Hay cierta razón en ello. Basta ver por qué se procesó a los procesados por este delito. A Fernando Lorenzo, por ejemplo, se lo procesó por llamar a Calloia y agitarlo para que le diera el aval a Cosmos de forma rápida y, finalmente, sin cumplir con todos los requisitos necesarios. Aquí deberíamos estar de acuerdo en que no se actuó bien y se terminó perjudicando al Estado. El tema es que el ex ministro de Economía fue procesado por el mismo delito que el ex secretario general de la Intendencia de Paysandú, Horacio de los Santos. Sí, el de la Casita del Parque. Y estos dos fueron procesados por el mismo delito que Zimmer y su guerra sucia de patentes en Colonia y de unos cuantos dirigentes colorados del último gobierno de Sanguinetti que directamente metieron la mano en la lata (¿se acuerdan de Benito Stern o de Salomón Noachas? Está bueno recordarlos cada vez que abre la boca Julio María).
Entonces parece claro que los llantos y los pataleos de la clase política son en parte justificados: el abuso de funciones se presenta menos como un delito y más como una inmensa red utilizada por cada juez (como quiere y como puede) para cazar políticos que, obviamente, han hecho las cosas mal, pero que no han podido ser juzgados por otros delitos.  
¿Por qué no es justo que el delito de abuso de funciones desaparezca?
Sin ese delito marcado en el artículo 162 del Código Penal, todos estos políticos, desde Fernando Calloia (quien hizo del Banco República el superbanco que hoy es, pero autorizó un aval que nunca debió haber sido autorizado) hasta Horacio de los Santos (quien se supone que le ofreció plata a una menor para hacer un trío con otra mujer en una fiesta llena de droga en propiedades municipales) quedarían libres de culpa (y, en caso de estar presos, como ahora está el Intendente de Colonia, también dejarían la prisión).
El delito de abuso de funciones afecta directamente a la clase política y oh, casualidad, es la clase política la que tiene la potestad de eliminarlo de la faz de la tierra (bueno, de Uruguay al menos). Esto, como ciudadanía, debería hacernos un poco de ruido.
Entiendo que el delito, como dije antes, es difuso, gris, amplio. Pero todas las personas procesadas por este delito hicieron algo mal. Lo que creo que vale preguntarse y, sobre todo, preguntarles a los políticos que lloran y que luego levantarán o no la mano en el Parlamento para eliminar el abuso de funciones del Código Penal es: ¿qué garantía nos dan, a nosotros, la ciudadanía, de que quien “cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la Administración o de los particulares” será debidamente castigado? O en otras palabras: ok, no es abuso de funciones. Pero entonces, ¿qué es?, ¿no es nada? Porque si lo que me quieren decir es que lo que hicieron no es nada, entonces no estamos de acuerdo.