domingo, 1 de septiembre de 2019

Agenda de derechas


Dos de los tres principales líderes de la coalición opositora que tiene como objetivo sustituir al Frente Amplio en el gobierno, han declarado que no piensan tocar la agenda de derechos, mientras que el tercero, ya adelantó su intención de dar marcha atrás con algunas leyes. Por lo tanto, de ganar esta coalición, es difícil saber qué sucederá con las leyes aprobadas.

También es difícil entender a cuál agenda de derechos se refieren quienes aseguran que no la van a tocar. En este campo, el principal candidato de la oposición, Luis Lacalle Pou, fue bastante claro en limitar la agenda de derechos a cuatro leyes en particular: marihuana, aborto, matrimonio igualitario y ley integral para personas trans. Del resto, podemos esperar cambios.

En ese sentido, entender la agenda de derechos construida en estos 15 años como 4 simples leyes, es más que conveniente para la oposición. Cuando se les pregunta por los Consejos de Salarios, la militarización de las fuerzas de seguridad y de la represión, los planes de desarrollo social, o los posibles recortes en Salud o Educación las respuestas son tan vagas que permiten augurar lo peor.

Tenemos el matrimonio igualitario, la despenalización y regulación de la interrupción voluntaria del embarazo, la regulación del comercio de marihuana, la ley de violencia hacia las mujeres, basada en género, la ley tras. Pero reducir la agenda de derechos a este puñado de leyes es demasiado ingenuo y muy conveniente para quienes tienen que prometer y convencer a la gente de que la van a mantener.

La agenda de derechos que conquistamos en estos 15 años abarca mucho más que ese puñado de leyes que acapara titulares, incluye también derechos laborales (como los Consejos de Salarios tripartitos que aseguran a los trabajadores ciertas garantías a la hora de negociar sus condiciones de trabajo o la Ley de 8 horas para el trabajador rural), el freno a la criminalización de los menores de edad (No a la baja), el acceso igualitario a las tecnologías de la información (Plan Ceibal, Fibra Óptica, Universal Hogar, desarrollo del gobierno digital), el acceso al ocio y turismo (cifras récord de turismo interno y de viajes al exterior, desarrollo del turismo social), acceso a la educación terciaria o universitaria, salud pública digna y mucho más.

Tres gobiernos progresistas consecutivos han permitido no sólo la consagración de nuevos derechos desde el punto de vista legislativo, sino que han habilitado cambios en la calidad de vida de muchas uruguayas y uruguayos, en la práctica, haciendo respetar y valer esos derechos escritos en papel y conquistados por movimientos sociales más o menos organizados.

Si defender la Agenda de Derechos es simplemente no derogar cuatro leyes, entonces blancos y colorados pueden autoproclamarse defensores de esa Agenda. Pero la realidad, como siempre, es mucho más rica y compleja.

Vemos un ejemplo particular: que dos personas del mismo sexo puedan salir a la calle de la mano no está consagrado en ninguna ley y no forma parte estrictamente de la Agenda de Derechos. Sin embargo, la discriminación y el acoso que esas dos persona pueden sentir al caminar de la mano por la calle puede variar según las políticas públicas y el discurso impulsado por el gobierno de turno. Y puede variar mucho, pues como sabemos, el discurso político desde el gobierno, y el operar del Estado pueden hacer la diferencia. Basta con mirar el espejo de Brasil: el gobierno de Bolsonaro no ha introducido cambios sustanciales en la legislación que afecta al movimiento LGBTIQ, pero sin embargo, modificó de hecho las políticas públicas que favorecían la no discriminación y desplegó un discurso de odio que avala actos de violencia hacia la comunidad LGBTIQ. Eso, sin derogar ni modificar ninguna ley, es destruir la agenda de derechos. Del otro lado, en Argentina, lo mismo aconteció con una disparada de la represión policial que provoca muertes de inocentes a manos de las fuerzas de seguridad o un discurso conservador que obliga a una niña violada a parir y lo justifica.

Así como la aprobación de una ley no hace que automáticamente nuestra calidad de vida cambie, la derogación o no de una ley tampoco la va a afectar demasiado. Lo fundamental es cómo se sostiene esa ley, qué políticas públicas aseguran su cumplimiento, qué fondos se destinan a su ejecución y qué discursos imperan desde el gobierno. Ahí está la clave que hace la diferencia y que pone en juego hoy la agenda de derechos construida.