domingo, 1 de septiembre de 2019

Agenda de derechas


Dos de los tres principales líderes de la coalición opositora que tiene como objetivo sustituir al Frente Amplio en el gobierno, han declarado que no piensan tocar la agenda de derechos, mientras que el tercero, ya adelantó su intención de dar marcha atrás con algunas leyes. Por lo tanto, de ganar esta coalición, es difícil saber qué sucederá con las leyes aprobadas.

También es difícil entender a cuál agenda de derechos se refieren quienes aseguran que no la van a tocar. En este campo, el principal candidato de la oposición, Luis Lacalle Pou, fue bastante claro en limitar la agenda de derechos a cuatro leyes en particular: marihuana, aborto, matrimonio igualitario y ley integral para personas trans. Del resto, podemos esperar cambios.

En ese sentido, entender la agenda de derechos construida en estos 15 años como 4 simples leyes, es más que conveniente para la oposición. Cuando se les pregunta por los Consejos de Salarios, la militarización de las fuerzas de seguridad y de la represión, los planes de desarrollo social, o los posibles recortes en Salud o Educación las respuestas son tan vagas que permiten augurar lo peor.

Tenemos el matrimonio igualitario, la despenalización y regulación de la interrupción voluntaria del embarazo, la regulación del comercio de marihuana, la ley de violencia hacia las mujeres, basada en género, la ley tras. Pero reducir la agenda de derechos a este puñado de leyes es demasiado ingenuo y muy conveniente para quienes tienen que prometer y convencer a la gente de que la van a mantener.

La agenda de derechos que conquistamos en estos 15 años abarca mucho más que ese puñado de leyes que acapara titulares, incluye también derechos laborales (como los Consejos de Salarios tripartitos que aseguran a los trabajadores ciertas garantías a la hora de negociar sus condiciones de trabajo o la Ley de 8 horas para el trabajador rural), el freno a la criminalización de los menores de edad (No a la baja), el acceso igualitario a las tecnologías de la información (Plan Ceibal, Fibra Óptica, Universal Hogar, desarrollo del gobierno digital), el acceso al ocio y turismo (cifras récord de turismo interno y de viajes al exterior, desarrollo del turismo social), acceso a la educación terciaria o universitaria, salud pública digna y mucho más.

Tres gobiernos progresistas consecutivos han permitido no sólo la consagración de nuevos derechos desde el punto de vista legislativo, sino que han habilitado cambios en la calidad de vida de muchas uruguayas y uruguayos, en la práctica, haciendo respetar y valer esos derechos escritos en papel y conquistados por movimientos sociales más o menos organizados.

Si defender la Agenda de Derechos es simplemente no derogar cuatro leyes, entonces blancos y colorados pueden autoproclamarse defensores de esa Agenda. Pero la realidad, como siempre, es mucho más rica y compleja.

Vemos un ejemplo particular: que dos personas del mismo sexo puedan salir a la calle de la mano no está consagrado en ninguna ley y no forma parte estrictamente de la Agenda de Derechos. Sin embargo, la discriminación y el acoso que esas dos persona pueden sentir al caminar de la mano por la calle puede variar según las políticas públicas y el discurso impulsado por el gobierno de turno. Y puede variar mucho, pues como sabemos, el discurso político desde el gobierno, y el operar del Estado pueden hacer la diferencia. Basta con mirar el espejo de Brasil: el gobierno de Bolsonaro no ha introducido cambios sustanciales en la legislación que afecta al movimiento LGBTIQ, pero sin embargo, modificó de hecho las políticas públicas que favorecían la no discriminación y desplegó un discurso de odio que avala actos de violencia hacia la comunidad LGBTIQ. Eso, sin derogar ni modificar ninguna ley, es destruir la agenda de derechos. Del otro lado, en Argentina, lo mismo aconteció con una disparada de la represión policial que provoca muertes de inocentes a manos de las fuerzas de seguridad o un discurso conservador que obliga a una niña violada a parir y lo justifica.

Así como la aprobación de una ley no hace que automáticamente nuestra calidad de vida cambie, la derogación o no de una ley tampoco la va a afectar demasiado. Lo fundamental es cómo se sostiene esa ley, qué políticas públicas aseguran su cumplimiento, qué fondos se destinan a su ejecución y qué discursos imperan desde el gobierno. Ahí está la clave que hace la diferencia y que pone en juego hoy la agenda de derechos construida. 

jueves, 22 de agosto de 2019

Amazonas: es la política, idiota



En las últimas horas hemos sido testigos, fundamentalmente a través de las redes sociales, de una explosión de incendios que afectan la selva del Amazonas y zonas aledañas. Posteo tras posteo, tuit tras tuit, historia tras historia, he visto como muchos de mis amigos virtuales -especialmente aquellos con una sensibilidad "verde"-  comparten  el horror que se vive hoy en este pulmón del mundo.

Lamentablemente, no muchos de ellos saben algo sobre el proceso que terminó abruptamente con el gobierno de Dilma Rousseff en 2016, no tienen idea clara de cómo Lula llegó a la cárcel ni qué signo ideológico o que sistema de ideas defendía el actual presidente de Brasil durante su campaña.

Este ataque al centro ecológico del planeta, no tiene nada que ver ni nada para comparar con el incendio de una hermosa iglesia parisina. Aquí lo que sucede no es una desgracia, aquí lo que sucede es una política y esa política sustentada en votos (más o menos engañados), en armas, en poder y en ideas es la que está generado una catástrofe de éstas proporciones.

Entiendo que uno no puede saber de todo ni estar al tanto de todo. En la vida cotidiana, la información de calidad es un bien cada vez más preciado. Pero sorprende ver a tantas amigas y amigos que día sí y día también se preocupan por militar no usar plásticos, no comer determinados alimentos, reducir el consumo individual y evitar las bolsas del supermercado (todas cosas muy loables) pero cuando le hablás de un político o un proceso electoral, bostezan y cierran rápido la conversación con un "son todos lo mismo". Pues no, no lo son, y no debería hacer falta que se prenda fuego el Amazonas para que lo vean.

Y esto me lleva a un segundo nivel de reflexión y es el que tiene que ver con cómo los movimientos verdes deben y pueden acercarse a la política y al sistema político (y viceversa). En Uruguay, esos caminos son aún muy antagónicos. Desde los conservacionistas de décadas pasadas a quienes se niegan a cualquier desarrollo productivo que afecte el ambiente, los movimientos ambientales y el sistema político han permanecido (casi) siempre en veredas diferentes. Como resultado, el impacto de los movimientos ambientalistas ha sido mínimo y la inclusión del tema ambiental de forma seria en los programas políticos también. Todos perdemos aparentemente, menos claro, el gran capital que hoy celebra la nueva tierra para ganadería en donde antes había selva tropical y que al mismo tiempo ahora te vende un monopatín eléctrico con la excusa de que tu estilo de vida ya está contaminando mucho.

El ejemplo de hoy es algo tan claro, que nos puede servir para comprender de manera cabal qué es retroceder en materia de derechos y cómo la falta de trabajo conjunto entre movimientos sociales y políticas de Estado puede provocar estas catástrofes.
El fuego que destruye hoy al Amazonas es producto de una política y esa política es producto de un gobierno. Por más cuestionables que hayan sido las políticas ambientales de la izquierda brasileña cuando estuvo a cargo del gobierno, nunca alcanzaron los niveles de depredación que hoy vemos horrorizados.

Al final, la corrupción, el impeachement, las definiciones políticas y las movilizaciones sociales a favor y en contra de un gobierno, sí tenían mucho que ver con el futuro sostenible de la humanidad, mucho más que el tipo de bolsa que elijas para hacer tus compras.

sábado, 17 de agosto de 2019

Brasil en el espejo



Está defendiendo el pulmón del mundo de la depredación: Muerto. Está defendiendo los derechos de los más excluidos: Muerta. Está defendiendo el derecho a la libertad de prensa y expresión: Muerto. Está reclamando respeto por la diversidad sexual o cultural: Muerta. Ese, es el Brasil de hoy.

Cuatro años atrás, en medio de una feroz crisis económica, las cosas eran de otra manera en el gigante sudamericano. Bajo los gobiernos de Lula y Dilma, Brasil supo ser la sexta economía del mundo y sacar a millones de personas de la pobreza. Había exclusión, había ataques a la libertad de expresión, había discriminación y había un avance más lento, pero sin pausa, de la destrucción de ecosistemas. Sin embargo, ahora es todo mucho más oscuro. La vida en Brasil ya no vale y quien la defienda, corre serio riesgo de perderla.

Es oscuro el Brasil de hoy. Nadie parece entender cómo llegó a eso tan rápido, cómo cayó tan bajo. Las noticias que llegan a los noticieros de Uruguay son pocas y en general tienen que ver con fríos datos económicos que nos hablan de millones de nuevos pobres, caídas de exportaciones y producción industrial, profunda recesión económica. El problema es lo que no vemos, la degradación social que acompaña esa degradación económica: muertes de cientos (CIENTOS) de activistas ambientales y de derechos humanos, sin justicia, sin culpables, sin nombre; niños y niñas literalmente con hambre-nivel-África; violencia exacerbada hacia minorías y sobre todo impunidad, aquí y allá.

¿Cómo llegó Brasil a esto? ¿Cuánto hay de democracia en el país vecino? Es imposible saberlo, las crónicas que llegan desde cualquier rincón -desde la frontera con Rivera hasta el nordeste olvidado, son aterradora- están ahí para quien quiera leerlas o escucharlas. Hasta la Globo, el mayor monopolio mediático opositor a Lula y Dilma, que impulsó su caída más allá de cualquier legalidad, hoy reconoce que lo de este gobierno es “demasiado”.

Mirarse en el espejo de Brasil es reconocer un claro camino que no queremos transitar. Si para algo puede servir la terrible situación del gigante norteño es para alertarnos: los tiempos oscuros, esos que pensamos que nunca volverían, pueden estar aquí mucho más rápido de lo que pensamos. ¿Asustando viejas? Googleá Marielle Franco, Cristian Javá Ríos, Jean Wyllys o leete el informe de Human Rights Watch

“Uruguay no es, nunca fue y no será como Brasil” me pueden decir, y razón no les falta. Pero en nuestra pequeñez y nuestra idiosincrasia calma, hemos sabido cultivar:

  • un candidato a la presidencia profundamente militarista, que ha recibido 47.000 votos en una elección interna (más que Mario Bergara, José Amorín Batlle o Enrique Antía, sin siquiera competencia interna).
  • un Partido Nacional que abrazó la publicidad falsa de la mano de Juan Sartori, que propone el recorte de derechos de la mano de Verónica Alonso, que impulsa la militarización de la seguridad de la mano de Jorge Larrañaga. Todo exactamente igual que Jair Bolsonaro. 
  • una idea creciente de que el sistema político no da respuestas a las necesidades de “la gente”, sin discriminar dentro del sistema político y sin aclarar nunca cuáles son las necesidades y quienes son (somos?) la gente.


No es necesario caer tan bajo. No es necesario entrar en esa larga noche que hoy atraviesa Brasil. Tenemos un espejo gigante bien cerca al norte, que nos muestra un futuro posible. Sólo tenemos que mirarlo.  

***



Más >> ¿Cómo llegó Brasil a Bolsonaro?

El juicio político que destituyó a Dilma Rousseff nada tuvo que ver con acusaciones de corrupción. Sin embargo, Eduardo Cunha, líder en el parlamento del circo llamado Impeachment, cumple hoy una condena de 24 años de prisión por corrupción.

Quien sucedió a Dilma luego del juicio político inventado fue Michel Temer, quien además de empujar al país al precipicio de la pobreza, se encuentra hoy tras las rejas, también investigado por corrupción.

El principal candidato a ganar las elecciones en Brasil, el líder progresista Lula Da Silva fue privado de participar en las elecciones y encarcelado bajo una falsa causa de corrupción (aparentemente el presidente de Brasil era tan fácil de comprar que apenas alcanzaba con un apartamento que nunca fue de él).

Las elecciones fueron ganadas por un candidato que apostó a las Fake News, a la desinformación, al uso ilegal de datos personales y a la represión y el discurso anti política. Su nombre, Jair Bolsonaro. Su ministro de Justicia, Sergio Moro, casualmente el mismo juez que metió preso a Lula, ahora confirmado, sin pruebas y con intenciones.

Venezuela en el espejo


La democracia en Venezuela es un sueño que nadie sueña. El país que soñaron millones y millones de venezolanos es hoy un Estado fallido.

Hay un gobierno que ya no puede decirse democráticamente elegido. Hay una oposición dispuesta a cualquier cosa por llegar al poder. Hay intereses externos que juegan fuerte. La situación de Venezuela, como la de ningún otro país de este hemisferio, se ha metido en el debate electoral de cuanta elección haya habido en la última década. Desde España hasta Argentina, de Estados Unidos a nuestro pequeño país.

¿Por qué es tan importante este país? ¿Por qué nos deben importar las definiciones sobre el mismo de los dirigentes frenteamplistas? ¿Por qué interesa más saber si Venezuela es o no una dictadura para tal o cual candidato? Las respuestas están ahí para quien quiera hacerse las preguntas. Hay políticos que quieren y sienten que pueden sacar algún rédito político a partir de la miserable situación del país caribeño.

¿Esto significa que debemos dejar de preocuparnos tanto por Venezuela y mirar para otros lados? No. La Venezuela Chavista, líder en procesos (y victorias) democráticos, que disminuyó la pobreza y reactivó los procesos de cooperación en el continente a base de su petróleo fue degradando su naturaleza hasta ser hoy un país donde el Estado ejecuta y asina, donde comer es muchas veces un privilegio y vivir una suerte. La injerencia norteamericana y el odio de una clase dominante acumulado en derrota tras derrota electoral fueron empujando al país cada vez un poco más hacia el caos. Falta de alimentos, cortes de energía, circos de ayuda para nada humanitaria y violencia en las calles, siempre violencia en las calles, que mueran los pobres peleando por los ricos.

Ese espiral de violencias que nadie sabe en qué momento exacto comenzó pero que todos parecen querer que termine está hoy profundamente alimentado por países del arco neoliberal latinoamericano, fuertemente apoyados por Washington. También, vale decirlo, está alimentado por un gobierno inepto y que acorralado sólo sabe dañar más y más a su pueblo.

En Uruguay, ningún dirigente político ha osado siquiera insinuar que las medidas económicas o políticas de Venezuela pueden replicarse en el país. Lejos de eso, la orientación de la economía uruguaya y la venezolana han tomado caminos bien distintos. En ese crisol de desigualdades que es Latinoamérica, Uruguay y Venezuela se han despegado para ocupar ambos extremos de todas las listas y rankings. Uno líder en calidad democrática, transparencia, crecimiento, distribución y derechos. Otro convertido en el país más violento, con instituciones más dañadas, con una caída eterna del crecimiento demasiado atado al precio del petróleo.

El gobierno uruguayo, casi en solitario en esta región temporalmente plagada de gobiernos subordinados a Trump, ha logrado, con mucha flexibilidad y mucho equilibrio, insistir en la vía del diálogo para buscar una salida negociada, y sobre todo no violenta, a la situación de Venezuela. A contrapelo de lo que reclaman desde el Grupo de Lima (un club de países americanos alineados detrás o debajo de Estados Unidos), desde Washington o desde las gargantas afónicas de algunos dirigentes de la oposición local en plena campaña electoral, el gobierno, aliado con México, Noruega y un pequeño puñado de países sensatos, insiste con el diálogo, en el entendido de que la violencia sólo traerá más sangre, mucha más sangre para el pueblo venezolano.

El espejo de Venezuela no nos muestra un país como Venezuela. Han pasado 15 años de gobiernos frenteamplistas y ese cuco ya no tiene sentido. Ese espejo, tan oscuro hoy, sólo sirve para conseguir un pequeñísimo rédito a nivel local, un rédito bañado en sangre.

***



Más

El informe de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos apunta a que en Venezuela el Estado es responsable de una enorme cantidad de ejecuciones, omisiones gravísimas en la garantía de los derechos a la vida, la salud o la seguridad personal, habla de cárceles similares al infierno, donde como siempre, las mujeres aún sufren más, habla de hambre en algunos puntos del país y de la dificultad para obtener alimentos prácticamente generalizada. Es un informe brutal por su claridad e impacto y está plenamente enfocado en la labor del Estado/gobierno.

Del otro lado, tenemos un gobierno paralelo y autoproclamado por el líder opositor Juan Guaidó, que responde directamente a Estados Unidos y de dudosa intención pacífica. Tenemos bandas armadas que han causado violencia y muerte en el país desde hace al menos dos décadas y un sector históricamente de clase muy alta que ha hecho lo legal y lo ilegal para tumbar a un gobierno que nunca quiso.

Todo esto, por si fuera poco, sobre un país llenito de petróleo. Mejor dicho: el país con las mayores reservas de petróleo del mundo. La injerencia extranjera, quieran o no los venezolanos, está y estará a la orden del día.