martes, 12 de noviembre de 2019

América del Sur sangra

América del Sur está pasando en estos días por una situación de cambio y tensiones que creíamos haber dejado atrás. Son tan vertiginosos los cambios que seguramente cuando logre publicar este artículo algunas cosas pueden haber variado bastante. 




Un brevísimo repaso: Argentina espera con esperanza un cambio de gobierno que venga a transformar la terrible situación económica y social en la que el país se ha sumergido, con más de 15 millones de personas en la pobreza, una deuda asumida ante el FMI que es imposible de pagar en los términos en que fue acordada, el desempleo y la inflación disparados y un gobierno cómplice de la fuga de miles de millones de dólares asumidos por todos los argentinos como deuda. El nuevo gobierno, a menos de un mes de asumir, se plantea desafíos aún mayores a los que tuvo Néstor Kirchner cuando llegó a la presidencia en 2003.

Brasil está dirigido por la ultraderecha encarnada en Jair Bolsonaro, ahora sospechado junto a su familia de estar involucrado en la muerte de la militante social Marielle Franco. Diversas filtraciones también señalan lo que ya todos sabíamos: su ministro de Justicia, el juez Sergio Moro está detrás de una trama judicial de corrupción para alejar a Lula de la carrera por la presidencia en 2018 y encerrarlo sin pruebas. Sin algunos de sus iniciales aliados (la red de medios O Globo, algunos sectores empresariales) y con Lula libre por decisión judicial, sólo podemos esperar la polarización, el aumento en la vulneración de derechos por parte del Estado y un Bolsonaro cada vez más fuera de control.

Bolivia atraviesa un golpe de Estado desde el domingo pasado. Un proceso electoral dudoso desembocó en una toma violenta del poder por parte de las fuerzas policiales y milicias armadas de la oposición que hasta hoy reprimen y aterrorizan a las poblaciones más sumergidas que apoyan al presidente Evo Morales. Hemos visto renuncias a punta de pistola, torturas, ataques armados y un ejército cómplice de los golpistas. No bastó con que el presidente haya convocado a nuevas elecciones y anunciado una transformación total del Tribunal Electoral con observación de la OEA (enemiga de Morales). Los golpistas ya habían anunciado que querían deshacerse del líder indígena que gobierna el país y eso es lo que están haciendo. Más allá de que la vida del líder político no corra riesgo en su asilo mexicano, podemos esperar noticias terribles en las próximas horas, especialmente en lo que refiere a la suerte a la que han sido echados los más humildes.

Chile vive una manifestación popular desde hace semanas en reclamo por la renuncia del actual gobierno y el inicio de una reforma constitucional que siente las bases para terminar con una desigualdad de las más terribles de todo el continente (que es a su vez el continente con mayores desigualdades). Decenas de muertos, una represión feroz de los militares y apenas un amague del presidente Piñera de comenzar un proceso de reforma constitucional que parece más un espejismo que otra cosa. De renunciar, ni hablamos.
Colombia sigue sumida en la violencia interna, con un gobierno que ha puesto en jaque la paz alcanzada con las FARC y su inclusión en la vida política del país. Además, la derecha militarista que dirige el país continúa en una guerra sucia con el narco y con otros grupos paramilitares menores, al tiempo que mantiene su injerencia desestabilizadora sobre su vecina Venezuela. Hace días nomás se conoció la muerte de 8 niños a manos de un bombardeo del Ejército, pero todo sigue como si nada. Daños colaterales le dicen.
Ecuador cuenta con un presidente electo que traicionó el pacto social que incluye el programa de gobierno y la plataforma que lo llevó al poder y que giró a un modelo neoliberal que, al igual que en Argentina, estuvo acompañado de un aumento exponencial en el costo de vida y un intento (aquí aún sin éxito) de recurrir al FMI. Esto provocó un fuerte estallido social que hizo al gobierno dar marcha atrás por el momento e intentar una vía de diálogo que aún no ha dado fruto. Los sectores sociales que promovieron la protesta ya anuncian nuevas medidas de fracasar el diálogo con el gobierno. Perú cuenta con un Parlamento suspendido en funciones por un presidente que asumió tras la renuncia del presidente electo por acusaciones de corrupción. O sea, una crisis disparada por el alto grado de corrupción del sistema político de Perú, que llevó a una crisis política y a otra institucional. Un presidente en funciones que no fue elegido por la población (aunque cuenta con un fuerte respaldo popular por el momento) y un país aquejado por la desigualdad social terminan de conformar un cuadro de mucha incertidumbre y alta volatilidad. Venezuela sigue inmersa entre un gobierno de corte dictatorial y una oposición profundamente antidemocrática. El enfrentamiento directo entre ambos ya ha provocado una crisis migratoria, un vuelco del país hacia el caos y la pobreza y constantes violaciones a los derechos humanos tanto por parte del Estado como por milicias opositoras. Un caos que generó que una minoría de países y organizaciones que buscan la paz para ese país sudamericano encaren negociaciones a nivel internacional que permitan una salida relativamente pacífica a la crisis multidimensional que atraviesa el país. Y aquí estamos en Uruguay ante el mayor cruce de caminos de la historia reciente: o somos ese recinto de paz que siempre apoya la paz y que crece en medio del caos, ese pequeño y humilde milagro en el que nos hemos convertido silenciosamente en la última década trabajando fuerte para solucionar todo lo que nos queda por solucionar y haciendo frente, sin soluciones mágicas, a los nuevos desafíos que todos los días aparecen, o nos damos de frente con el resto del continente, nos sumamos al caos, primero económico, luego político y finalmente siempre social que tanto nos ha costado a todos (a todos) dejar un poco atrás. La sabiduría de los pueblos hace la diferencia en momentos claves como el que estamos atravesando en estos días. Por eso espero que seamos lo suficientemente sabios y que estemos a la altura de las circunstancias. 

domingo, 1 de septiembre de 2019

Agenda de derechas


Dos de los tres principales líderes de la coalición opositora que tiene como objetivo sustituir al Frente Amplio en el gobierno, han declarado que no piensan tocar la agenda de derechos, mientras que el tercero, ya adelantó su intención de dar marcha atrás con algunas leyes. Por lo tanto, de ganar esta coalición, es difícil saber qué sucederá con las leyes aprobadas.

También es difícil entender a cuál agenda de derechos se refieren quienes aseguran que no la van a tocar. En este campo, el principal candidato de la oposición, Luis Lacalle Pou, fue bastante claro en limitar la agenda de derechos a cuatro leyes en particular: marihuana, aborto, matrimonio igualitario y ley integral para personas trans. Del resto, podemos esperar cambios.

En ese sentido, entender la agenda de derechos construida en estos 15 años como 4 simples leyes, es más que conveniente para la oposición. Cuando se les pregunta por los Consejos de Salarios, la militarización de las fuerzas de seguridad y de la represión, los planes de desarrollo social, o los posibles recortes en Salud o Educación las respuestas son tan vagas que permiten augurar lo peor.

Tenemos el matrimonio igualitario, la despenalización y regulación de la interrupción voluntaria del embarazo, la regulación del comercio de marihuana, la ley de violencia hacia las mujeres, basada en género, la ley tras. Pero reducir la agenda de derechos a este puñado de leyes es demasiado ingenuo y muy conveniente para quienes tienen que prometer y convencer a la gente de que la van a mantener.

La agenda de derechos que conquistamos en estos 15 años abarca mucho más que ese puñado de leyes que acapara titulares, incluye también derechos laborales (como los Consejos de Salarios tripartitos que aseguran a los trabajadores ciertas garantías a la hora de negociar sus condiciones de trabajo o la Ley de 8 horas para el trabajador rural), el freno a la criminalización de los menores de edad (No a la baja), el acceso igualitario a las tecnologías de la información (Plan Ceibal, Fibra Óptica, Universal Hogar, desarrollo del gobierno digital), el acceso al ocio y turismo (cifras récord de turismo interno y de viajes al exterior, desarrollo del turismo social), acceso a la educación terciaria o universitaria, salud pública digna y mucho más.

Tres gobiernos progresistas consecutivos han permitido no sólo la consagración de nuevos derechos desde el punto de vista legislativo, sino que han habilitado cambios en la calidad de vida de muchas uruguayas y uruguayos, en la práctica, haciendo respetar y valer esos derechos escritos en papel y conquistados por movimientos sociales más o menos organizados.

Si defender la Agenda de Derechos es simplemente no derogar cuatro leyes, entonces blancos y colorados pueden autoproclamarse defensores de esa Agenda. Pero la realidad, como siempre, es mucho más rica y compleja.

Vemos un ejemplo particular: que dos personas del mismo sexo puedan salir a la calle de la mano no está consagrado en ninguna ley y no forma parte estrictamente de la Agenda de Derechos. Sin embargo, la discriminación y el acoso que esas dos persona pueden sentir al caminar de la mano por la calle puede variar según las políticas públicas y el discurso impulsado por el gobierno de turno. Y puede variar mucho, pues como sabemos, el discurso político desde el gobierno, y el operar del Estado pueden hacer la diferencia. Basta con mirar el espejo de Brasil: el gobierno de Bolsonaro no ha introducido cambios sustanciales en la legislación que afecta al movimiento LGBTIQ, pero sin embargo, modificó de hecho las políticas públicas que favorecían la no discriminación y desplegó un discurso de odio que avala actos de violencia hacia la comunidad LGBTIQ. Eso, sin derogar ni modificar ninguna ley, es destruir la agenda de derechos. Del otro lado, en Argentina, lo mismo aconteció con una disparada de la represión policial que provoca muertes de inocentes a manos de las fuerzas de seguridad o un discurso conservador que obliga a una niña violada a parir y lo justifica.

Así como la aprobación de una ley no hace que automáticamente nuestra calidad de vida cambie, la derogación o no de una ley tampoco la va a afectar demasiado. Lo fundamental es cómo se sostiene esa ley, qué políticas públicas aseguran su cumplimiento, qué fondos se destinan a su ejecución y qué discursos imperan desde el gobierno. Ahí está la clave que hace la diferencia y que pone en juego hoy la agenda de derechos construida. 

jueves, 22 de agosto de 2019

Amazonas: es la política, idiota



En las últimas horas hemos sido testigos, fundamentalmente a través de las redes sociales, de una explosión de incendios que afectan la selva del Amazonas y zonas aledañas. Posteo tras posteo, tuit tras tuit, historia tras historia, he visto como muchos de mis amigos virtuales -especialmente aquellos con una sensibilidad "verde"-  comparten  el horror que se vive hoy en este pulmón del mundo.

Lamentablemente, no muchos de ellos saben algo sobre el proceso que terminó abruptamente con el gobierno de Dilma Rousseff en 2016, no tienen idea clara de cómo Lula llegó a la cárcel ni qué signo ideológico o que sistema de ideas defendía el actual presidente de Brasil durante su campaña.

Este ataque al centro ecológico del planeta, no tiene nada que ver ni nada para comparar con el incendio de una hermosa iglesia parisina. Aquí lo que sucede no es una desgracia, aquí lo que sucede es una política y esa política sustentada en votos (más o menos engañados), en armas, en poder y en ideas es la que está generado una catástrofe de éstas proporciones.

Entiendo que uno no puede saber de todo ni estar al tanto de todo. En la vida cotidiana, la información de calidad es un bien cada vez más preciado. Pero sorprende ver a tantas amigas y amigos que día sí y día también se preocupan por militar no usar plásticos, no comer determinados alimentos, reducir el consumo individual y evitar las bolsas del supermercado (todas cosas muy loables) pero cuando le hablás de un político o un proceso electoral, bostezan y cierran rápido la conversación con un "son todos lo mismo". Pues no, no lo son, y no debería hacer falta que se prenda fuego el Amazonas para que lo vean.

Y esto me lleva a un segundo nivel de reflexión y es el que tiene que ver con cómo los movimientos verdes deben y pueden acercarse a la política y al sistema político (y viceversa). En Uruguay, esos caminos son aún muy antagónicos. Desde los conservacionistas de décadas pasadas a quienes se niegan a cualquier desarrollo productivo que afecte el ambiente, los movimientos ambientales y el sistema político han permanecido (casi) siempre en veredas diferentes. Como resultado, el impacto de los movimientos ambientalistas ha sido mínimo y la inclusión del tema ambiental de forma seria en los programas políticos también. Todos perdemos aparentemente, menos claro, el gran capital que hoy celebra la nueva tierra para ganadería en donde antes había selva tropical y que al mismo tiempo ahora te vende un monopatín eléctrico con la excusa de que tu estilo de vida ya está contaminando mucho.

El ejemplo de hoy es algo tan claro, que nos puede servir para comprender de manera cabal qué es retroceder en materia de derechos y cómo la falta de trabajo conjunto entre movimientos sociales y políticas de Estado puede provocar estas catástrofes.
El fuego que destruye hoy al Amazonas es producto de una política y esa política es producto de un gobierno. Por más cuestionables que hayan sido las políticas ambientales de la izquierda brasileña cuando estuvo a cargo del gobierno, nunca alcanzaron los niveles de depredación que hoy vemos horrorizados.

Al final, la corrupción, el impeachement, las definiciones políticas y las movilizaciones sociales a favor y en contra de un gobierno, sí tenían mucho que ver con el futuro sostenible de la humanidad, mucho más que el tipo de bolsa que elijas para hacer tus compras.

sábado, 17 de agosto de 2019

Brasil en el espejo



Está defendiendo el pulmón del mundo de la depredación: Muerto. Está defendiendo los derechos de los más excluidos: Muerta. Está defendiendo el derecho a la libertad de prensa y expresión: Muerto. Está reclamando respeto por la diversidad sexual o cultural: Muerta. Ese, es el Brasil de hoy.

Cuatro años atrás, en medio de una feroz crisis económica, las cosas eran de otra manera en el gigante sudamericano. Bajo los gobiernos de Lula y Dilma, Brasil supo ser la sexta economía del mundo y sacar a millones de personas de la pobreza. Había exclusión, había ataques a la libertad de expresión, había discriminación y había un avance más lento, pero sin pausa, de la destrucción de ecosistemas. Sin embargo, ahora es todo mucho más oscuro. La vida en Brasil ya no vale y quien la defienda, corre serio riesgo de perderla.

Es oscuro el Brasil de hoy. Nadie parece entender cómo llegó a eso tan rápido, cómo cayó tan bajo. Las noticias que llegan a los noticieros de Uruguay son pocas y en general tienen que ver con fríos datos económicos que nos hablan de millones de nuevos pobres, caídas de exportaciones y producción industrial, profunda recesión económica. El problema es lo que no vemos, la degradación social que acompaña esa degradación económica: muertes de cientos (CIENTOS) de activistas ambientales y de derechos humanos, sin justicia, sin culpables, sin nombre; niños y niñas literalmente con hambre-nivel-África; violencia exacerbada hacia minorías y sobre todo impunidad, aquí y allá.

¿Cómo llegó Brasil a esto? ¿Cuánto hay de democracia en el país vecino? Es imposible saberlo, las crónicas que llegan desde cualquier rincón -desde la frontera con Rivera hasta el nordeste olvidado, son aterradora- están ahí para quien quiera leerlas o escucharlas. Hasta la Globo, el mayor monopolio mediático opositor a Lula y Dilma, que impulsó su caída más allá de cualquier legalidad, hoy reconoce que lo de este gobierno es “demasiado”.

Mirarse en el espejo de Brasil es reconocer un claro camino que no queremos transitar. Si para algo puede servir la terrible situación del gigante norteño es para alertarnos: los tiempos oscuros, esos que pensamos que nunca volverían, pueden estar aquí mucho más rápido de lo que pensamos. ¿Asustando viejas? Googleá Marielle Franco, Cristian Javá Ríos, Jean Wyllys o leete el informe de Human Rights Watch

“Uruguay no es, nunca fue y no será como Brasil” me pueden decir, y razón no les falta. Pero en nuestra pequeñez y nuestra idiosincrasia calma, hemos sabido cultivar:

  • un candidato a la presidencia profundamente militarista, que ha recibido 47.000 votos en una elección interna (más que Mario Bergara, José Amorín Batlle o Enrique Antía, sin siquiera competencia interna).
  • un Partido Nacional que abrazó la publicidad falsa de la mano de Juan Sartori, que propone el recorte de derechos de la mano de Verónica Alonso, que impulsa la militarización de la seguridad de la mano de Jorge Larrañaga. Todo exactamente igual que Jair Bolsonaro. 
  • una idea creciente de que el sistema político no da respuestas a las necesidades de “la gente”, sin discriminar dentro del sistema político y sin aclarar nunca cuáles son las necesidades y quienes son (somos?) la gente.


No es necesario caer tan bajo. No es necesario entrar en esa larga noche que hoy atraviesa Brasil. Tenemos un espejo gigante bien cerca al norte, que nos muestra un futuro posible. Sólo tenemos que mirarlo.  

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Más >> ¿Cómo llegó Brasil a Bolsonaro?

El juicio político que destituyó a Dilma Rousseff nada tuvo que ver con acusaciones de corrupción. Sin embargo, Eduardo Cunha, líder en el parlamento del circo llamado Impeachment, cumple hoy una condena de 24 años de prisión por corrupción.

Quien sucedió a Dilma luego del juicio político inventado fue Michel Temer, quien además de empujar al país al precipicio de la pobreza, se encuentra hoy tras las rejas, también investigado por corrupción.

El principal candidato a ganar las elecciones en Brasil, el líder progresista Lula Da Silva fue privado de participar en las elecciones y encarcelado bajo una falsa causa de corrupción (aparentemente el presidente de Brasil era tan fácil de comprar que apenas alcanzaba con un apartamento que nunca fue de él).

Las elecciones fueron ganadas por un candidato que apostó a las Fake News, a la desinformación, al uso ilegal de datos personales y a la represión y el discurso anti política. Su nombre, Jair Bolsonaro. Su ministro de Justicia, Sergio Moro, casualmente el mismo juez que metió preso a Lula, ahora confirmado, sin pruebas y con intenciones.